Autoridades nacionales, provinciales, cantonales, sectores productivos y otros actores interesados en la operatividad del aeropuerto de Cotopaxi, retomaron el trabajo a través de la mesa técnica, tras la convocatoria efectuada por el Prefecto Jorge Guamán Coronel.

Al respecto, Jessica Alomía, subsecretaria de Transporte Aeronáutico Civil, indicó que el aeropuerto mantiene su operatividad en transporte aéreo militar y privado, registrando en el primer trimestre de 2018 casi 400 vuelos y que ahora se trabaja para la gestión para la operación comercial de carga y pasajeros.

En la jornada de trabajo se evidenciaron varios inconvenientes relacionados con los arriendos para los servicios conexos a las empresas que brindan las operaciones de carga, inquietudes que serán tratadas de manera inmediata por las autoridades nacionales conjuntamente con las empresas interesadas en la operación.

Alomía señaló además que no se puede determinar la fecha exacta para el inicio de las operaciones, porque aquello depende del sector privado; sin embargo, destacó que el apoyo por parte de esta entidad es total al facilitar los procesos administrativos requeridos por las aerolineas. Subrayó que hasta el momento la empresa privada AirCaribe y una operadora del Grupo Viva, han mostrado interés en el aeropuerto Cotopaxi y en otros administrados por la Aviación Civil.

De su parte, Jorge Guamán Coronel, prefecto de Cotopaxi destacó las acciones emprendidas por las autoridades nacionales como la gestión para vender la imagen del aeropuerto a nivel nacional, el impulso para la operatividad, la promoción a través de varios ministerios y sobre todo el acompañamiento de autoridades de la DGAC el MTOP, SENAE y sectores productivos.

Añadió que es necesario la expedición de una resolución firme de los ministerios encargados de la operatividad y el permiso correspondiente para que el envío y recepción de carga empiece a desarrollarse desde Latacunga.

Para estas acciones se fijó 15 días de plazo en los cuales el Ministerio de Transporte, Finanzas, y Comercio Exterior deberán dar respuesta en lo que corresponde a la carga estatal, sin dejar de lado al sector privado.